Manifiesto por un espacio mediático democrático

El Derecho a la Información y la Comunicación pertenece a la ciudadanía, no es propiedad de los medios ni de l@s periodistas. La información no puede ser tratada como una mercancía, sino como lo que es: un bien común al servicio de la democracia.

Los abajo firmantes, como personas trabajadoras y usuarias de medios de comunicación, manifestamos nuestra profunda preocupación por la grave crisis en que se encuentra este derecho, base de todo sistema democrático.

Son muchos los factores que provocan esta crisis, de entre los que denunciamos:

  • La existencia de oligopolios privados en prensa, radio y televisión, donde dos o tres grandes corporaciones acaparan más de la mitad de cada sector y se aseguran su control efectivo.
  • La falta de pluralismo informativo como consecuencia de dicha situación, que margina a las voces críticas y promueve mensajes uniformes para extender un ‘pensamiento único’ neoliberal y consumista.
  • El clientelismo político y la connivencia entre medios y partidos, que pagan el apoyo mediático con una indisimulada devolución de favores en forma de publicidad institucional, subvenciones directas, regalo de licencias, legislación ad-hoc, etc.
  • La falta de independencia respecto de los poderes económicos, de los que los grupos mediáticos dependen a través del crédito, la estructura de propiedad y la publicidad. Esto se traduce en la presencia directa de bancos y grupos financieros en sus consejos de administración. De este modo, se introducen en la actividad editorial lógicas financieras ajenas a la ética periodística.
  • La precariedad laboral en el sector, con una tasa de desempleo que duplica la media nacional; becas de formación desplazando puestos de trabajo estructurales; temporalidad extrema; trabajo sin contrato; despido libre; falsos autónomos sin cobertura ni derechos; etc. Esta situación crea un clima de terror que impide ejercer el periodismo con rigor y defender los derechos profesionales.
  • El desmantelamiento planificado de los servicios públicos de radiotelevisión, convertidos en altavoz de visiones partidistas y arruinados a base de desviar fondos a productoras ‘amigas’. Esta política, enmarcada en el proceso de privatización del espectro radioeléctrico, ha enviado al paro a miles de trabajadores/as con demostrada cualificación.
  • El hostigamiento a los medios del sector social, denunciado por organismos internacionales como la ONU y la OSCE. Lejos de fomentar la participación ciudadana en la comunicación, las Administraciones reprimen y acosan legalmente a radios libres, medios cooperativos y activistas de la información, con ataques tan brutales como la llamada Ley Mordaza.
  • La falta de garantías de seguridad en el ejercicio de la profesión, con cada vez más casos de obstrucción oficial a las labores informativas, confiscación de material periodístico e incluso agresiones policiales a quienes cubren las protestas ciudadanas.
  • La necesidad de promover una toma de conciencia ciudadana sobre la importancia del Derecho a la Información y la Comunicación, comparable a los derechos a una sanidad y educación públicas de calidad, dado que es imprescindible para poder ejercer otros derechos y participar plenamente en democracia.

Estas son algunas pinceladas de un debate público pendiente. Consideramos urgente rescatar la información de manos del gran capital financiero, para recuperar la soberanía informativa, y devolver a la profesión periodística la dignidad que merece. Solo a quienes gobiernan autoritariamente en beneficio de una casta corrupta les interesa una sociedad desinformada y vulnerable a la manipulación.

Por ello, nos comprometemos a luchar por:

  • Unos medios públicos plurales, participativos y no manipulados, cuya calidad esté garantizada por una autoridad independiente similar a las existentes en países de nuestro entorno y por mecanismos efectivos de participación y control ciudadano directo. El sector público puede y debe operar con criterios de rentabilidad social antes que mercantil, para levantar estándares de calidad, satisfacer el derecho constitucional a una información veraz y plural, y atender a colectivos minoritarios mediante una oferta cultural y educativa diversificada.
  • La protección y apoyo a los medios sociales para fomentar un amplio y plural Tercer Sector mediático a través de fórmulas asociativas y cooperativas y bajo control directo de sus trabajadores/as y usuarios/as.
  • Una reforma del sector audiovisual que acabe con el oligopolio y la especulación sobre un bien común limitado como el espectro radioeléctrico. Es necesario poner límites a la concentración de la propiedad de los canales, hoy en manos de unos pocos grupos privados, para garantizar un sistema plural y democrático de radio y televisión.
  • Una Ley General de la Comunicación que haga realidad el Derecho a la Información y la Comunicación de la Ciudadanía, acompañada de un Estatuto de la Información que garantice a quienes participan en la elaboración de contenidos informativos la independencia respecto de poderes políticos y económicos.
  • Promover la creación en todos los medios de comunicación de Comités de Redacción o Consejos Informativos regulados por Estatutos de Redacción, que defiendan ante la dirección y la empresa los derechos profesionales de quienes elaboran la información y garanticen su libertad de expresión.
  • Hacer efectivo el Derecho de Acceso a los medios públicos recogido en la actual Constitución, y fomentar la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil para que el poder político y económico deje de ser la única vía efectiva de acceso a la comunicación de masas.
  • La adopción de medidas para garantizar la seguridad de los comunicadores en la cobertura de protestas, manifestaciones y cualquier otra actividad ciudadana, una tarea que debe ser facilitada y no obstaculizada por las fuerzas de seguridad.
  • Crear y apoyar observatorios ciudadanos de medios que evalúen de forma abierta y participativa los contenidos, la estructura de propiedad y el marco legal de la información, para velar por su independencia y denunciar toda estrategia de manipulación al servicio de intereses particulares.

La información es una herramienta democrática de primer orden, y no puede abandonarse en manos de una casta que intenta controlarla y manipularla para perpetuarse en el poder mientras desmonta nuestros derechos.

Una ciudadanía bien informada es condición necesaria para una democracia sana y ha llegado la hora de luchar decididamente por ello.

Septiembre 2014

 

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Este manifiesto ha sido elaborado tras varios rondas de aportes y enmiendas recibidas presencialmente, por e-mail, en Reddit y en Loomio. A partir de este manifiesto se sintetizó la Resolución del Círculo Podemos Periodismo de Madrid por un espacio mediático democrático presentada a la Asamblea Ciudadana de Podemos en Septiembre de 2014.